El Instituto Internacional de la Prensa (IPI, por sus siglas en inglés) expresa su profunda preocupación por las acciones legales tomadas contra el periodista Carlos Sosa en España en lo que parece una represalia por su trabajo periodístico sobre corrupción judicial. El pasado 8 de febrero de 2024, el Juzgado de Instrucción 27 de Madrid decidió abrir procedimientos orales contra Sosa, director de Canarias Ahora, un medio afiliado a ElDiario.es, basándose en una denuncia presentada por el exjuez Salvador Alba, actualmente encarcelado.
Los cargos incluyen acoso, incitación al odio y revelación de secretos, con Alba exigiendo una condena totalmente desproporcionada de 23 años de prisión para el periodista. La denuncia también apunta a Ignacio Escolar, director de El Diario (al cual Canarias Ahora está afiliado), ElDiario.es y su delegación Canarias Ahora, así como a la pareja de Sosa, Victoria Rosell.
A pesar de la oposición de la Fiscalía, el Juzgado de Madrid abrió juicio oral contra Sosa y le impuso una exorbitante fianza de 422.500 euros. Las acusaciones se derivan de la cobertura de Sosa en Canarias Ahora sobre los procedimientos penales contra Alba.
En 2019, un tribunal en las Islas Canarias encontró culpable a Alba de intentar socavar la carrera política de otra magistrada, Victoria Rosell, a través de declaraciones falsas. La sentencia fue confirmada por el Tribunal Supremo español en 2021. Además de ser condenado a seis años de prisión (una sentencia que cumple desde octubre de 2022) por conspirar contra Rosell, que es la ex Delegada del Gobierno español contra la Violencia de Género, Alba fue suspendido del poder judicial durante 18 años.
Alba sostiene que la información publicada por Sosa y Canarias Ahora sobre su caso invadió su privacidad y promovió el odio en su contra. Sin embargo, la Fiscalía afirmó que la cobertura de Sosa era de interés público y se limitaba a información relevante, por lo tanto “no puede considerarse […] gratuita o innecesaria”.
“Condenamos las acciones legales tomadas contra Carlos Sosa y Canarias Ahora en represalia por su cobertura crítica de la mala conducta y el abuso de poder en el sistema judicial”, dijo Scott Griffen, Director Adjunto del IPI. “El alcance absurdo de esta denuncia, que debería ser desestimada de inmediato, es un claro acto de intimidación. El hecho de que la denuncia haya avanzado hasta este punto subraya la necesidad de adoptar urgentemente reformas en España para evitar el abuso del sistema judicial para atacar a periodistas”.
Además de solidarizarse con Sosa y posicionarse en contra de este proceso legal, el IPI insta a la comunidad internacional a seguir de cerca el caso y apoyar a Sosa en su defensa contra estos cargos.
Este comunicado es parte del Mecanismo de Respuesta Rápida para la Libertad de Medios (Media Freedom Rapid Response, MFRR), un mecanismo europeo que rastrea, monitorea y responde a violaciones de la libertad de prensa y medios en los Estados miembros de la UE, países candidatos y Ucrania. El proyecto está cofinanciado por la Comisión Europea.
